Realizan
primer aborto legal asistido en Nuevo Laredo a niña de 11 años
“En Tamaulipas el aborto es
un delito, excepto cuando es accidental, cuando el embarazo es producto de una
violación o cuando la vida de la mujer corre peligro.
Jocelyne N, de 11 años de
edad, fue la primera víctima de violación a la que se le practicó un aborto
asistido en Nuevo Laredo, Tamaulipas bajo
la NOM 046, luego de haber sido atacada sexualmente por el hijo de su
padrastro”
En las últimas dos semanas
se ha generado un debate en el ámbito legislativo, en redes sociales y algunos
medios de comunicación, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, tema del cual se venía comentando que se estaban negociando los
derechos de las mujeres. Lo que dio inicio a este debate fue la presentación
para su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, del dictamen que
presentó la Comisión de Igualdad para reformar los artículos 46, 49 y 50 de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
Esta propuesta de la
Comisión de Igualdad pretendía incorporar estándares de la NOM 046, sobre
Violencia Familiar y sexual, buscando de esta manera consolidar los derechos de
las mujeres víctimas de violencia familiar o sexual, incluido el derecho de las
mujeres a la interrupción del embarazo en caso de violación sexual. Sin
embargo, después de haber sido varias veces diferido, el dictamen fue
finalmente retirado de la discusión en pleno. Con esto, ¿se ven afectados
nuestros derechos como mujeres con la no aprobación de este dictamen? ¿Los y
las diputadas pusieron en peligro nuestros derechos?
La Norma Oficial Mexicana
046 fue aprobada en 2005 para sustituir a la NOM 190, que busca mejorar la
regulación dentro del sector salud de la prevención y atención de la violencia
familiar. Es una regla fundamental que actualiza las obligaciones de las
instituciones del sector público, social y privado para prevenir y atender la
violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y define, además, criterios
para la articulación de las instancias del sector salud con otras instancias
que contribuyen a la atención de las violencias contra las mujeres. En
particular, la NOM 046 es la norma que garantiza el acceso de las mujeres a la
interrupción del embarazo en caso de violación sexual, junto con los códigos
penales de los Entidades federativas.
Por otro lado, la NOM 046
obliga a las instituciones del sector publico, social y privado a otorgar
atención medica en una situación de violencia familiar o sexual, a proveer orientación
y consejería a las personas involucradas en situaciones de violencia familiar o
sexual, debiendo referirlos -cuando se requiera- a otros servicios, unidades
médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva (en caso de
requerirlo, a un refugio), a fin de lograr precisión diagnóstica, continuidad
del tratamiento, rehabilitación o seguridad y protección, así como apoyo legal
y psicológico para los cuales estén facultados (artículo 5.6).
Por otra parte, las
instituciones de salud deberán también evaluar el riesgo en el cual se
encuentran las personas, dar aviso al Ministerio Público para los efectos de
procuración de justicia a que haya lugar. Así como registrar cada caso y
notificarlo a la Secretaría de Salud.
Estos criterios establecidos
en la NOM 046, son fundamentales para garantizar la protección de los derechos
de las mujeres a recibir la atención adecuada y necesaria frente a situaciones
de violencia familiar o sexual, así como para la articulación de todas las
instituciones del Estado (salud y justicia principalmente), que tienen que
jugar un rol en la atención de esta problemática.
La discusión parlamentaria
sobre el dictamen que fue retirado no pone entonces en peligro los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, ni siquiera el derecho al aborto en
caso de violación sexual. Nuestros derechos como mujeres están a salvo en este
aspecto. Pero lo que mostró esta discusión es lo sensible y explosivo que es
tocar el tema del derecho al aborto para las mujeres y cómo una oportunidad
para el fortalecimiento del ejercicio, cumplimiento y garantía de un derecho
reconocido, termina cancelada porque es manipulada por los sectores opositores
que se niegan a reconocer un derecho ya existente
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